La crisis económica, política y social que vive Venezuela ha provocado una situación convulsiva en la que se han dado cita una vorágine de sucesos, entre los cuales se destaca la toma intrépida, pero pacífica, de las calles y avenidas del país por parte de jóvenes y estudiantes universitarios, quienes por más de un centenar de días han planteado sus claras exigencias sin abandonar la lucha, pese a la salvaje represión de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. A ello se suma, la tensa situación producida por la imposición de unos comicios electorales para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que plantea refundar, una vez más, las bases del Estado y, más allá  de dar soluciones, propone intensificar la abismal división en la que se encuentran los dos sectores políticamente mayoritarios de la sociedad venezolana.

Sin embargo, y como adición a estos disparatados acontecimientos, un grupo selecto de ex-servidores leales al régimen se encuentra en descontento con algunas decisiones del neo-socialismo madurista. Entre ellos destacamos la figura de la actual Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a la ex-defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, al ex-ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y al ex-comandante de la Red de Defensa Integral, Cliver Alcalá Cordones.

La astuta jugada de estos inteligentes individuos, no obedece a su amor a la patria, mucho menos a su carácter institucionalista, ni tampoco al cargo de conciencia producto de sus pretéritas acciones bajo el manto protector del todopoderoso régimen chavista; estos actos se deben a que avizoran que esta amorfa forma de gobierno se encuentra en etapa terminal y que, más temprano que tarde, implosionará junto con su funesta ideología dando paso a un nuevo gobierno. Pese a ello, la intríngulis de la nueva postura parece ser, por una parte, la demanda de redención con la sociedad por sus anteriores responsabilidades y culpas, con la intención de purificar su imagen; pero por otro lado, parece querer negociar la posibilidad de obtener del nuevo gobierno alguna lucrativa prebenda, como contraprestación por la acciones en defensa de la constitución, los Derechos Humanos y el pueblo venezolano en estos aciagos momentos.

Por ende, es inviable, y por demás irrespetuoso, que le pidan a la sociedad que confíe una vez más en ellos, si en el momento en el que ostentaron el poder y asumieron la responsabilidad de realizar los cambios necesarios, no hicieron nada; por tal motivo, ahora no es momento de auto-reproches, reflexiones, ni arrepentimientos que se tornan nimios. No obstante, nuestra sociedad adolece de una gran capacidad de memoria y ahora nadie recuerda para todo lo que se prestaron estos individuos; valga el caso de la fiscal quien –por ahora–  es vista como la salvadora que todos esperaban, convirtiéndola en trending topic de los héroes de la resistencia, porque en este momento está de nuestro lado en la historia.

En el artículo precedente, hablé sobre la necesidad de la concertación y el diálogo con ésta fracción de individuos que en algún momento formaron parte de las filas del partido rojo, como una forma de llegar a puntos de común acuerdo necesarios al momento de una transición, con el fin único de gobernar en paz. Sin embargo, nadie puede olvidar –ni por un segundo–, que ellos también fueron parte del absceso que significa para Venezuela el socialismo del siglo XXI, y que la colaboración o actuación que conlleve eventualmente la salida de Nicolás Maduro, no los exime de ningún modo de la responsabilidad frente al país y las leyes por los actos que en el ejercicio del poder se llevaron a cabo.